La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el desacato de Venezuela

Entrevista del Diario La Verdad del 22 de agosto de 2010

Internacionalista María Teresa Belandria estima que sentencia de la Corte Interamericana sentaría jurisprudencia en el continente. Medida será extensible a más de 800 inhabilitados. Advierten que hasta Piedad Córdoba se beneficiaría de un fallo a favor del exalcalde de Chacao


José Gregorio Martínez - web@laverdad.com - Caracas - 22/08/2011 00:00 22

La sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaría emitiendo el 30 de agosto sobre el caso de Leopoldo López beneficiaría a más de uno en caso de ser favorable al exalcalde de Chacao. La decisión no solo será extensible a más de 800 inhabilitados en el país, sino que además crearía jurisprudencia en el continente en cuando al derecho político como un derecho humano, y hasta la senadora colombiana Piedad Córdoba reclamaría lo suyo.

María Teresa Belandria, abogada especialista en derecho internacional, explica que a pesar de que se está debatiendo el caso de Leopoldo López de manera personal, la sentencia podría incluir una solicitud de respetar los derechos políticos como derechos humanos fundamentales, exigiendo que las inhabilitaciones no sean utilizadas como mecanismos perversos para eliminar contendientes políticos.

“Dependiendo de cómo sea la sentencia, podría sentar jurisprudencia en el caso -por ejemplo- de Piedad Córdoba. Podría incluso favorecer a Piedad Córdoba, que también fue objeto de una medida de inhabilitación política. Ella podría entonces demandar también al Estado colombiano utilizando el mismo argumento. Podría ser una decisión que siente jurisprudencia en todo el continente”.

Fuentes de Voluntad Popular confirmaron que será el 30 de este mes cuando la Corte Interamericana dictará la sentencia que sería extensible a más de 800 inhabilitados, ya que así lo solicitó el agraviado, y se muestran confiados en que la decisión será favorable, dado los argumentos presentados.

Cumplimiento voluntario

La internacionalista recuerda que, según el artículo 23 de la Constitución, la decisión emanada de la instancia internacional es vinculante para Venezuela porque forma parte del sistema interamericano desde que suscribió la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás órganos del Poder Público”, establece dicho artículo.

Sin embargo, Belandria recuerda que ya en reiteradas oportunidades el Estado ha desacatado dictámenes internacionales que no le son favorables y no se muestra esperanzada en que esta sea la excepción.

Recuerda que el derecho público internacional es de cumplimiento voluntario. "Lo correcto sería que la sentencia se acatara, se publicara en Gaceta Oficial y listo, que es lo que establece la ley, pero sabemos que el Gobierno no la va a acatar. Lamentablemente los órganos internacionales carecen de órganos ejecutorios, es decir, si eres un Estado que cumples con los tratados y convenios internacionales voluntariamente tienes que acatar la decisión y cumplirla, pero si no la acatas, no hay nada que te pueda obligar a hacerlo porque el cumplimiento del derecho internacional público es voluntario, pero frente a la comunidad internacional quedarías muy mal”.

Aclara que la Corte Interamericana no estaría imponiendo candidaturas en un Estado miembro en caso de fallar a favor del aspirante a participar en las primarias presidenciales del 12 de febrero del próximo año, ya que esa instancia actúa en función de defender derechos humanos sin limitarse a implicaciones electorales.

Recuerda que no hay precedentes al respecto, pues la petición de Leopoldo López es la primera que se hace en el continente para exigir que se reconozca como un derecho humano el derecho a la participación política.