viernes, 26 de agosto de 2016

Venezuela en el Mercosur: Un Vecino incómodo


Venezuela solicitó el ingreso al Mercosur desde el año 2005, pero la férrea oposición del Senado de Brasil y Paraguay retrasaron la aceptación como miembro pleno del grupo hasta que, en 2012, aprovechando la suspensión temporal de Paraguay luego de la destitución constitucional del presidente Lugo, la “triple alianza” amiga del gobierno para ese momento, la Uruguay de Pepe Mujica, el Brasil de Dilma y la Argentina de los Kirchner, violando el Tratado de Asunción aprovecharon para meter a Venezuela sin consenso, es decir, por la ventana.
Recordemos que, la suspensión de Paraguay se realizó conforme al Protocolo de Ushuaia II de Mercosur y la promovió Venezuela a través del entonces canciller Nicolás Maduro al frente de la operación política, exigiendo además la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La comisión de Cancilleres, designada de conformidad con el artículo 20 del instrumento hemisférico, realizó un detallado informe que, presentado al Consejo Permanente de la OEA fue sometido a votación, 26 países votaron en contra de la aplicación de la Carta y 8 a favor: Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Haití.
Luego de las elecciones en Paraguay y juramentado el gobierno de Horacio Cartes,  lo procedente era levantarle la suspensión para que ese país ejerciera la Presidencia Pro-Tempore. La cuádruple alianza Brasil-Argentina-Uruguay-Venezuela se opuso, a pesar de que las razones que dieron lugar a la suspensión de Paraguay habían cesado, y la presidencia se entregó a Venezuela.
Hoy, la permanencia de Venezuela en el acuerdo y el ejercicio de la Presidencia Pro-Tempore es objeto de debate. Las razones son de orden  jurídico y geopolítico. Venezuela no ha cumplido con los compromisos que adoptó en el Protocolo de Adhesión http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/ProtAdhVenezuela_s.pdf  y, siendo el Mercosur un organismo intergubernamental donde las decisiones se adoptan por consenso, en este momento no lo hay. El gobierno venezolano lejos de fomentar relaciones de respeto, tolerancia y cooperación con los nuevos gobiernos de la región, que no le son afines en lo político, se ha empeñado en destruir la confianza, incumplir los acuerdos y además, comportarse con la arrogancia que otrora le permitía un barril de petróleo a 110$, insultando Cancilleres empleando el lenguaje de los años 60 y 70 usando “al imperio” para descalificar a quienes jurídica y políticamente aducen razones de peso para no traspasarle la Presidencia, amén de que Venezuela, impide el avance para que el bloque comercial suscriba los tratados de libre comercio con la Unión Europea e Israel y afiance sus lazos con la Alianza del Pacífico.
En términos muy simples, Venezuela en el Mercosur es como ese vecino del edificio que, tira la basura por la ventana, hace fiestas escandalosas hasta la madrugada, te tranca el carro en el estacionamiento, tiene 1 año sin pagar las cuotas y, además quiere ser a juro y porque él solo lo decidió, el presidente de la junta de condominio. Tienes que tolerarlo porque es propietario e incluso, saludarlo si te lo encuentras en el ascensor por cortesía, pero de ahí a que sea el Presidente, es demasiado.
Profesora de la UCV

miércoles, 17 de agosto de 2016

Frontera cerrada ¿a què costo? 

publicado en www.runrun.es el 17 de agosto de 2016



Este 19 de agosto, se cumple un año en el que por decisión unilateral del gobierno de Venezuela se “cerró” la frontera con Colombia, un evento inédito por las consecuencias que se advertían y justificado por un estado de excepción sobrevenido que aun sigue sin explicarse adecuadamente.
Recordando el pasado para comprender nuestro presente en la relación con Colombia, en 1901, el general venezolano Rangel Garbiras se hizo de 4.000 hombres para marchar a Caracas y derrocar el gobierno de Cipriano Castro. Partiendo del Norte de Santander fue detenido en San Cristóbal por el general colombiano Rafael Uribe Uribe. Allí se produjo la primera ruptura de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Sin embargo, la vecindad obligada por la geografía compartida en 2.219 kilómetros de frontera, la fraternidad histórica entre nuestros líderes y ciudadanos, como aquel pacto entre Miguel Otero Silva y Gabriel García Márquez, si es que había guerra entre los dos países y la hermandad forjada en la batalla de los próceres venezolanos Anzoátegui y Rondón que triunfaron en Colombia, o de los valientes colombianos Girardot y Ricaurte que murieron en Venezuela, no son hitos que se cierren con un decreto de excepción.
El límite entre los dos países se traduce en un control migratorio eventual, pero lo trasciende la vida, el comercio, la amistad y la vecindad. Esa terriblemente perturbada el 19 de agosto de 2015.
Un año después, se anuncia desde Puerto Ordaz (bastante lejos de la frontera binacional), la “creación” de varias comisiones para construir una frontera abierta, segura y en paz. Volvamos la mirada al pasado. Estas comisiones existían, porque los gobiernos democráticos entendieron que una relación tan dinámica no podía depender de los vaivenes políticos de uno y otro lado del límite. El Acta de San Pedro Alejandrino no solo desgolfizó la relación, sino que permitió agendar los temas técnicos en mesas de trabajo permanentes, cuya finalidad era precisamente sortear las dificultades de una relación signada por los problemas.
Esa institucionalidad que costó años en construirse y que le dio a ambos países un marco normativo para dirimir las controversias derivadas de la cotidianidad fue destruido como todo lo demás por el gobierno de Hugo Chávez. Esa erosión de la confianza mutua comenzó en 2008, cuando las fuerzas militares de Colombia dieron de baja a Raúl Reyes en Ecuador y Venezuela ordenó la movilización de 10 batallones a la frontera. En 2009, la valiente denuncia del entonces Comisionado Presidencial Francisco Javier Nieves-Croes Aguirre, sobre la existencia de un pre-acuerdo secreto (Gómez-Rondón), acordado en Hato Grande, sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela le puso candado al trabajo profesional de los comisionados en Venezuela, no en Colombia.
La herida se profundizó en 2010 pues la diplomacia de micrófono entre Chávez y Uribe fracturó definitivamente los acuerdos, con la ruptura de relaciones diplomáticas luego de la denuncia colombiana en la OEA sobre la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Pero un nuevo Presidente había llegado a Colombia con un objetivo: firmar la paz. Para ello, Venezuela, ese vecino incomodo y altanero resultaba no solo necesario, sino indispensable. El otrora Ministro de la Defensa, el mismo que armó el expediente para la denuncia de los campamentos, engavetó las pruebas, expresó que tenía un “nuevo mejor amigo” y que se crearían nuevas comisiones.  Entre la ruptura y la reconciliación, Venezuela en 2011, se desligó de la Comunidad Andina y se fue a Mercosur, vale decir, ya no solo la institucionalidad binacional se había desbaratado por la improvisación venezolana y la complacencia de colombiana, además, desaparecía el marco normativo comercial, aduanero, transporte, sanitario y de servicios emanado de las normas supranacionales de la Comunidad. Había que empezar de cero. Teníamos 5 años cambiándoles el nombre a las comisiones, pero en la práctica, el intercambio de 8.000 millones de dólares por año de la frontera más viva de América Latina se pulverizó.
Un año  después otra vez se cambian los nombres, se aumenta la burocracia y se pretende reinventar la rueda a ver si esta vez, funciona veamos: a) Activación del Centro Binacional contra el Crimen Organizado, se les ruega revisar los manuales de la Combifron; b) Esquema Aduanero Especial para la Frontera, favor revisar las 5 comisiones o acuerdos firmados en abril de 2011; c) Repatriación de Bienes Decomisados, tránsito de mercancías e intercambio de información entre la administración aduanera, se les invita a releer el Acuerdo de Coordinación, seguimiento y control para la recuperación de vehículos de 1990, y los memoranda de 2011 cuando se desaplicó la normativa andina: d) Implementación de la Cédula fronteriza, se sugiere leer el Estatuto Fronterizo de 1942, suscrito en Caracas y que establecía: 1) Permiso Fronterizo para permanecer temporalmente por 90 días en los dos países sin necesidad de pasaporte para cruzar la frontera y permanecer en ella por 8 días continuos; 2) Licencia Fronteriza con validez de 8 días; 3) Permiso de Turismo hasta por 30 días; 4) Permiso Fronterizo Industrial para propietarios, arrendatarios y comerciantes; 5) Cédula Pecuaria, para pastores, campesinos, productores y 6) Permiso para estudiantes.
Para Santos el objetivo siempre estuvo claro. Pagó el costo político del cierre de la frontera, atendiendo a los desplazados y “denunciando” a Venezuela en la OEA, pero los guerrilleros tanto de la FARC como del ELN se mantuvieron sentados en la mesa de negociación con el apoyo logístico de Venezuela. Para Maduro el objetivo no se cumplió, el contrabando no se detuvo, las trochas se multiplicaron, pagó el precio político con el deterioro de su imagen al mismo ritmo del descenso de la calidad de vida de los venezolanos habitantes de la frontera.
Este divorcio con hijos escribe un nuevo capítulo. La apertura es inminente y con ella la normalidad se recobrará lentamente. Los daños apenas comienzan a cuantificarse, mientras los “pacificados” edifican su vida de este lado del límite. Un año de frontera cerrada, ¿de verdad ya pagamos el costo?
María Teresa Belandria
@Matebe