ACADEMIA Falta de independencia del poder judicial
30 de Julio de 2009.
EL NACIONAL – Miércoles 29 de Julio de 2009
EDGAR LÓPEZ
La falta de independencia y autonomía del Poder Judicial fue identificada por académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos reunidos por el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela como la principal causa del incumplimiento de la Constitución, a propósito de la proximidad del décimo aniversario de la aprobación de la carta magna.
Héctor Faúndez, Hermann Escarrá, Carlos Figueredo Planchart, Juan Carlos Apitz, Rocío San Miguel, Rafael Chavero, Claudia Mujica, María Teresa Belandria, Carlos Nieto y Pastora Medina presentaron las propuestas que surgieron del conversatorio de juristas que se realizó el 7 de este mes.
La presentación fue ante representantes de la OEA, la Comunidad Europea y las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Finlandia, con el propósito de que trasciendan al exterior las denuncias sobre graves debilidades institucionales en Venezuela.
La mayor parte de las propuestas tiene que ver con la sujeción del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Salvador Rodezno, de la OEA, preguntó cómo está estructurada la carrera judicial en Venezuela. Juan Carlos Apitz le respondió que podía explicarle cómo está desestructurada. El ex juez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, removido de su cargo por presiones políticas, destacó la falla de origen que ha maleado el sistema de administración de justicia: “Se ha violado y se sigue violando el mandato constitucional que establece el concurso de oposición público y abierto como único mecanismo de ingreso y ascenso en la carrera judicial. La mayoría de los jueces ejercen sus cargos sin estabilidad y, por tanto, están sometidos a todo tipo de presiones extrajurídicas. El control oficialista sobre magistrados y jueces tiene un objetivo claro: garantizar que ningún tribunal decida contra el Gobierno, de modo que la preservación de las normas establecidas en la Constitución y las leyes no es la prioridad” El lunes se conoció la octava condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado venezolano. A propósito de la remoción irregular de la jueza María Cristina Reverón, el máximo tribunal hemisférico verificó que la mitad de los jueces son provisorios (por haber sido designados a dedo, pueden ser removidos de oficio), lo cual viola los estándares internacionales sobre el ejercicio de la judicatura.
Rafael Chavero, uno de los apoderados legales de Reverón, destacó que la sentencia indica que la inestabilidad de los jueces viola el derecho de los ciudadanos a ser juzgados con imparcialidad. El abogado considera que en Venezuela existe una justicia provisoria y genuflexa que deja en entredicho el principio de separación de los poderes públicos.
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