Venezuela y Colombia, un divorcio con hijos

La relación entre Venezuela y Colombia históricamente ha oscilado entre el esplendor y la crisis; la hermandad y la desavenencia, el amor fraterno y la confrontación. Sin embargo, este nuevo incidente tiene características y consecuencias diferentes, tanto en la forma en que se ha conducido como en el trasfondo que la ha desatado.

En los eventos de los últimos 15 años, ninguno, a pesar de su gravedad fue objeto de tratamiento extraordinario, vale decir, de la declaratoria de un estado de excepción para atender el problema y encontrar una solución. Esto era posible, ya que los mecanismos de negociación y consulta: la Comisión Negociadora (CONEG), la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF) y la Comisión Militar Binacional Fronteriza (COMBIFRON) sesionaban de manera permanente. Recordemos,   algunos de esos casos para ilustrar la especificidad de esta crisis.

En el año 2000 Hugo Chávez en la Asamblea Nacional declaró la neutralidad de Venezuela frente al conflicto colombiano. Esto se tradujo en tensiones con el ejecutivo de neogranadino y dio cuenta de la cercanía ideológica con la guerrilla de las FARC-EP y el ELN.  En 2002, luego de los eventos de abril y el asilo político concedido por Colombia a Pedro Carmona, comenzó el distanciamiento y el aumento de las agresiones verbales en ambos lados del límite, pero la frontera no se cerró, la pelea, se entendía estaba delimitada, entre Nariño y Miraflores.

En 2007, se produjo una distensión cuando Álvaro Uribe aceptó la mediación de Hugo Chávez para iniciar el proceso de liberación de los secuestrados por la FARC-EP, entre otros, Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Consuelo Fernández, Luis Eladio Pérez y además los Presidentes de la CONEG en Hato Grande pactaron, con la anuencia de ambos mandatarios un pre-acuerdo de delimitación de las áreas marinas y submarinas, conocido como la hipótesis Gómez-Rondón. Esta iniciativa duro muy poco, se liberó a algunos de ellos, pero el gobierno de Colombia hubo de poner freno a la actuación del gobierno venezolano quien se atribuyó competencias excesivas sobre los mandos militares de esa nación. La frontera seguía abierta, se aumentaron los controles, pero al igual que en 2002, la discusión no trascendía a las poblaciones fronterizas. En tanto el intercambio comercial,  de bienes y servicios lejos de disminuir aumentaba consistentemente.

La neutralización de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y la orden de Venezuela de movilizar 10 batallones a la frontera, la aparición de los AT-4 en manos de la FARC-EP, armamento adquirido por y para la fuerza armada venezolana y la firma del Acuerdo de Cooperación Militar entre Colombia y EE.UU encendieron el tono. Esos años 2008 y 2009 estuvieron marcados por la discordia, el insulto, la descalificación, la denuncia y la amenaza Sin embargo, la confrontación política se quedaba en los Presidentes. La frontera no se cerraba.

En 2010, Colombia denunció en la OEA la existencia de campamentos de la guerrilla en Venezuela, finalmente se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas.  Chávez peleó con Uribe, para volver con el recientemente elegido Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa, enemigo jurado del gobierno venezolano tanto por lo que sabía como por lo que había dicho. La frontera no se cerró. No se decretó estado de excepción. Solo se cerraron las embajadas.

Nicolás Maduro, Canciller de entonces fue enviado a la toma de posesión. Poco tiempo después en Santa Marta, los mandatarios estrecharon sus manos y quedó para la historia la frase del neogranadino “somos los nuevos mejores amigos”. Se sellaba así un pacto. Por una parte, Santos capitalizaba la influencia y amistad de Chávez con la guerrilla y los Castro para iniciar “oficialmente” las negociaciones de paz y por  el otro, Chávez engavetaba en expediente de los campamentos, las armas y el pre-acuerdo de delimitación. Una relación ganar-ganar.

Ese acuerdo de Santa Marta,  sigue vigente. Ha tenido momentos de tensión: la captura de Walid Makled y su deportación; el recibimiento del candidato presidencial Henrique Capriles; la obligada y forzada respuesta de la Cancillería colombiana a los insultos proferidos a sus ex mandatarios; en esencia el pacto de no agresión ha funcionado.  Este orden convenido, se rompe el 19 de agosto de 2015, cuando se decreta el estado de excepción y se ordena el cierre de la frontera. Se desata entonces la primera gran crisis que  afecta directamente a los colombo-venezolanos, a los habitantes de la frontera. Las cifras de la ONU revelan la magnitud de lo ocurrido, más de 1.800 deportados y más de 20.000 desplazados.

Las denuncias de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han sido documentadas y seguirán el curso que ordenan los tratados y convenios ante las instancias judiciales. Mandatorio es recordar que no prescriben. La frontera tiene a la fecha 42 días cerrada.

De nada le sirve a los habitantes de la frontera que regresen los embajadores a Caracas y Bogotá, si ellos, no pueden llevar a sus hijos al colegio sin tener que tomar 2 transportes o montarlos en una lancha que cruce el Arauca sin ser objeto de revisión por las fuerzas militares, o asistir a citas médicas para tratamientos de diálisis y quimioterapia. Los comerciantes cerrados por falta de insumos y de mano de obra en la zona industrial o en los sembradíos no recuperarán sus inversiones mientras la burocracia conviene la fecha de la próxima reunión. El modus vivendi se ha roto, los ciudadanos están llenos de miedo, frustración, rabia e incertidumbre mientras Nariño y Miraflores acordaron pasar la página.

Por último, y empleando palabras de Juan  Manuel Santos luego de la reunión de Quito, el gobierno de Venezuela “rompió las reglas del juego”. La interrogante que surge de tal afirmación es ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el juego?  ¿Dejar que la frontera muera de mengua? ¿O es que acaso la paz de Colombia es más importante que la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y de los propios colombianos?

Sabiamente advertía Leandro Area,  que no puede entenderse la crisis con Colombia, solo y únicamente en la frontera. La relación es binacional.  A ello le agrego, que esa relación es multidimensional, cooperativa, interdependiente, compleja y complicada, tanto como un divorcio con hijos. Ni podemos pelearnos infinitamente, ni arreglarnos definitivamente. Por el bien de los hijos de ambos lados del límite pedimos: Que se abra la frontera ya.

María Teresa Belandria